Decisión ratifica competencia estatal y fortalece control sobre concesiones de infraestructura en Colombia

Bogotá, Colombia — 2026. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de declarar la caducidad del contrato de concesión de Ferrocarriles del Pacífico, así como la obligación del concesionario de pagar una sanción cercana a los $97.969 millones por incumplimientos contractuales.
Contexto del fallo judicial
La decisión judicial se produce tras más de seis años de proceso y ratifica la legalidad de la Resolución 1685 del 12 de noviembre de 2019, mediante la cual la ANI declaró la caducidad del contrato de concesión 09-CONP98 por incumplimientos graves en obligaciones como:
- Prestación del servicio de transporte de carga.
- Mantenimiento y conservación de la infraestructura férrea.
- Conservación de equipos ferroviarios.
El tribunal concluyó que la ANI tenía competencia para tomar la decisión y que el proceso administrativo respetó las garantías constitucionales del concesionario, incluyendo el debido proceso.
Qué implica la decisión para el sector infraestructura
El fallo también negó las pretensiones del concesionario, que buscaba la nulidad de las resoluciones sancionatorias, el restablecimiento del contrato y una indemnización por los efectos derivados de la caducidad.
Desde la perspectiva institucional, esta decisión refuerza el control del Estado sobre el cumplimiento contractual en concesiones de infraestructura estratégica, especialmente en proyectos ferroviarios que han enfrentado retos históricos en el país.
Antecedentes del caso
La ANI, tras identificar incumplimientos contractuales graves, declaró en 2019 la caducidad del contrato e impuso el pago de perjuicios. Posteriormente, en 2020, la entidad confirmó la sanción mediante una segunda resolución administrativa.
En enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la actuación estatal, validando el análisis de riesgos contractuales realizado por la ANI y la legalidad del proceso sancionatorio.
Impacto institucional y mensaje al sector concesionario
La decisión envía un mensaje claro sobre la exigencia de cumplimiento contractual en concesiones de infraestructura pública en Colombia, fortaleciendo la seguridad jurídica en los procesos de supervisión estatal y la defensa de los recursos públicos.



