El Gobierno nacional adjudicó el proyecto vial El Estanquillo–Popayán en una audiencia pública que marca un hito en la infraestructura del país. La obra, valorada en $8,8 billones, se desarrollará bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP) y contempla intervenciones en el corredor que mejorarán significativamente la movilidad entre el sur del país y el interior.
La adjudicación se realizó con la participación de la Agencia encargada de la estructuración y la supervisión del proyecto. Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
Qué incluye la obra y su alcance técnico
El contrato adjudicado contempla una intervención vial de alcance relevante sobre el corredor seleccionado:
- Intervención de 101 km del corredor principal, con 62,3 km de doble calzada.
- Construcción de 14 túneles que suman aproximadamente 17,9 km.
- Construcción de más de 100 puentes vehiculares (115 en la estructura oficial) y puentes peatonales.
- Nuevas intersecciones y obras complementarias para mejorar la seguridad vial.
- Inversión adicional de $85.000 millones para intervenir 36,5 km de vías terciarias que conectarán veredas y centros poblados.
Estos elementos combinan obras mayores y mejoras territoriales para favorecer la integración regional.
Inversión, modelo financiero y duración
La propuesta económica se compone de Capex (inversión en obras) y Opex (operación y mantenimiento). En cifras aproximadas, el proyecto incluye $6,29 billones en Capex y $2,53 billones en Opex, que en conjunto suman la inversión estimada de $8,8 billones.
El esquema contractual tendrá una vigencia total de 25 años, distribuida en 2 años de preconstrucción, 4,5 años de construcción y 18 años de operación y mantenimiento.
Quién ejecutará el proyecto
La adjudicación fue otorgada a la Estructura Plural ERG Vías Ciudad Blanca, integrada por ERG Compañía de Infraestructura (90 %) y MIA Grupo Empresarial (10 %). ERG Compañía de Infraestructura MIA Grupo Empresarial
Este consorcio será responsable de llevar adelante las etapas de preconstrucción, construcción y la operación y mantenimiento posteriores, de acuerdo con los términos de la APP.
Liderazgo institucional y acto público de adjudicación
La adjudicación se realizó en una audiencia pública liderada por la entidad responsable del sector infraestructura, con la presencia del presidente de la República y la ministra de Transporte. Gustavo Petro Mafe Rojas
Las autoridades destacaron el carácter transformador del proyecto para la región y su potencial para cerrar brechas de conectividad histórica.
Beneficios esperados para la región
- Mejor conectividad: reducción sustancial de tiempos de viaje entre el suroccidente y el interior del país.
- Desarrollo local: mejora del acceso a servicios y mercados para comunidades rurales del departamento del Cauca y zonas aledañas. Cauca
- Seguridad vial: diseño de intersecciones y obras que minimizan puntos críticos y riesgos de siniestros.
- Activación económica: generación de empleo directo e indirecto durante las etapas de obra y operación.
Además, las intervenciones en vías terciarias permitirán integrar veredas y centros poblados al corredor principal, contribuyendo a la inclusión productiva.
Cronograma y próximos pasos administrativos
- Preconstrucción (2 años): actividades de detalle, diseños finales, y gestión ambiental y social.
- Construcción (4,5 años): ejecución de túneles, doble calzada, puentes e intersecciones.
- Operación y mantenimiento (18 años): gestión del corredor conforme a los estándares de la APP.
Durante el proceso se priorizarán medidas de gestión ambiental, medidas de mitigación social y mesas de trabajo con las comunidades locales.
La magnitud del proyecto exige atención a riesgos habituales en obras de esta escala: gestión ambiental en zonas sensibles, coordinación con comunidades, control de costos y garantía de cumplimiento en los plazos. La transparencia en la ejecución y el seguimiento técnico serán clave para maximizar beneficios y mitigar impactos.
La adjudicación de El Estanquillo–Popayán representa un paso relevante en la modernización de la infraestructura vial del país y en la reducción de brechas territoriales. Su ejecución, bajo el esquema de Asociación Público-Privada, busca combinar inversión privada y supervisión pública para ofrecer soluciones viales que impulsen la competitividad del suroccidente colombiano.
